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El diputado provincial Federico Pezz presentó un proyecto solicitando que se faculte a las asociaciones cooperadoras de escuelas públicas y privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura y a las bibliotecas populares a organizar –sin intervención de terceros ajenos a la institución y en forma directa– juegos de bingo y lotería de cartones en forma temporaria y sólo en dos ocasiones anuales. La iniciativa dispone que los ingresos obtenidos deberán ser destinados exclusivamente a las escuelas y, en el caso de las bibliotecas, al objeto previsto en sus estatutos sociales o actas de constitución, advirtiéndose de que en ningún caso se distribuirán en forma directa o indirectamente entre los socios y que deberá darse, en todos los casos, amplia difusión al destino de los recursos obtenidos. “Los directivos de estas entidades deberán comunicar al Ministerio de Hacienda y Finanzas –por escrito, con treinta días de anticipación y en carácter de declaración jurada– la fecha y características del evento organizado, costos para los participantes y el destino de los fondos a recaudar. Estos beneficios quedarán en todos los casos exentos del pago de impuestos o tributos provinciales y municipales, permitiendo con la simple comunicación a que refiere la presente norma, la autorización del evento solicitado”, dice el texto del proyecto del diputado Pezz.

“Cuando el Estado no asume las responsabilidades que les competen en el sostenimiento de la educación pública y la cultura la comunidad asume la responsabilidad de hacerlo y miles de voluntarios posibilitan que las escuelas sigan funcionando y que las bibliotecas populares satisfagan las necesidades de la sociedad”, resalto el legislador radical.

“Durante años –añadió– el juego ha sido calificado como un vicio indeseable, hasta que el Estado descubrió que esta vía podía ser adecuada para obtener recursos por alternativas no impositivas. Tiempo después, empresas privadas tomaron conciencia de este monumental negocio y pasaron a ser administradoras del juego promocionado como estatal, proliferando las reglamentaciones, cada vez más exigentes, que incluyeron –por su complejidad y costos– a las entidades benefactoras directas de la comunidad como son las cooperadoras escolares y las administradoras de bibliotecas populares, entre otras”.

“Quiero ser claro –remarcó Pezz en el proyecto–: no aliento el juego sin control y menos aún a aquellos que sorprenden en su buena fe a quienes juegan, como tampoco creo que el Estado deba ser socio a través de impuestos abusivos de cada actividad que desarrolla la comunidad, mucho más cuando éstas se organizan y su recaudación se destina a suplir la falta de presencia estatal en el sostenimiento de la educación y la cultura”.