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Era el segundo a cargo del centro de detención clandestino “Automotores Orletti”, sede local del Plan Cóndor por donde pasaron ciudadanos de distintas nacionalidades. Fue detenido ayer por delitos de lesa humanidad.
Eduardo Rufo era hasta ayer uno más de los tantos represores que esperaban su turno en la Justicia. Fue detenido por la policía, luego de estar prófugo por más de 3 años. Este ex miembro de la nefasta Triple A y luego agente de la SIDE está acusado de “privación ilegal de la libertad agravada” en treinta y dos casos y de haber cometido “tormentos reiterados” contra los desaparecidos en el centro de detención clandestina “Automotores Orletti”, donde funcionaba la sede local del Plan Cóndor. Allí se torturó y asesinó a argentinos, uruguayos, chilenos, paraguayos e incluso, según se cree, cubanos.

Mano derecha y amigo del jefe de ese centro, el ya difundo Aníbal Gordon, siguió trabajando para la SIDE aun en democracia. Formaba parte del elenco que “colaboraba” con el servicio de inteligencia bajo la dirección de Hugo Anzorreguy.
Rufo mantuvo recientes contactos con periodistas uruguayos, a quienes aportó información sobres represores y víctimas de ese país que tuvieron conexión con la Argentina en el marco del Plan Condor.

El arresto de Ruffo, alias Zapato, se produjo en el marco de la causa sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, en la que se encontraba Orletti, que funcionó en un taller mecánico alquilado en Venancio Flores y Emilio Lamarca, entre mayo y noviembre de 1976.El nombre de Eduardo Ruffo figura en el contrato de alquiler del local.

Además de las tantas denuncias de torturas, desapariciones e incluso una muerte comprobada, Ruffo se apropió personalmente de una niña. Carla Rutilo Artés fue secuestrada junto con su madre, Graciela, en Bolivia. Ambas fueron entregadas en la frontera de Villazón-La Quiaca a las fuerzas de seguridad argentinas y fueron llevadas a Automotores Orletti. Graciela nunca apareció. Carla si. Había sido anotada como hija propia por Ruffo, pero gracias a la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo en 1985 recuperó su identidad. La Justicia condenó al agente por la falsificación del documento de la menor, pero no fue juzgado por la apropiación de la niña.