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Los casi tres centenares de jefes policiales relevados pertenecen a la Agencia Federal de Investigación (AFI) y a la Policía Federal Preventiva (PFP), dos cuerpos dependientes de la Secretaría (ministerio) de Seguridad Pública (SSP).

34 de ellos eran comandantes regionales de las fuerzas federales en los 32 estados mexicanos, uno por cada entidad territorial y dos en el caso del Distrito Federal, la capital, y de Veracruz, en el Golfo de México.
Al anunciar la medida el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseguró en rueda de prensa que la decisión forma parte de "un proceso de selección y formación de nuevos mandos superiores".

Responde también a la instrucción dictada el pasado 7 de marzo por Calderón de "aplicar estrictos controles de confianza a la Policía Federal, con especial énfasis en la ética, la disciplina y la calidad, para garantizar su honestidad, transparencia y eficiencia".

García Luna dijo más tarde que la medida está incluida "en un esquema de prevención para evitar que el crimen penetre y ponga en sus nóminas a policías federales".

Aunque no especificó el número de comandantes relevados por sus supuestas faltas de corrupción, explicó que algunos de ellos fueron separados por negarse a ser sometidos a una investigación interna.
"Quién no quiera someterse a esos exámenes, no puede estar en la policía", que "debe ser una entidad sana, limpia", advirtió.

García Luna ya se encargó durante el mandato del presidente Vicente Fox (2000-2006) de transformar la Policía Judicial Federal, que presentaba altos índices de corrupción, en la AFI, que él mismo dirigió, recordó hoy en una entrevista con Efe el analista en materia de Seguridad Jorge Chabat.

Para el experto, la depuración en los mandos policiales demuestra que Calderón "quiere fortalecer a las policías para que el Ejército algún día pueda regresar a los cuarteles".

Desde enero pasado el gobernante ha desplegado a miles de soldados y agentes de la PFP, creada en su origen por integrantes de la Marina, por los estados en los que las mafias criminales realizan sus negocios ilegales de tráfico de personas, de armas y drogas, entre otros.

El uso del Ejército ha sido criticado por varios especialistas, tanto por considerarse excesivo y un peligro contra los derechos humanos, como porque, al ser el último recurso de fuerza del Estado contra la delincuencia, de fracasar puede poner al país en una situación de desgobierno y caos.

En lo que va de año han sido asesinadas casi 1.400 personas en sucesos atribuidos a las bandas que controlan el crimen organizado, según estimaciones de la prensa mexicana.

Según los expertos, los tentáculos de los cárteles de la droga y las organizaciones mafiosas alcanzan en México a buena parte de la policía mexicana, especialmente a la local.

En zonas conflictivas como los estados de Nuevo Léon, en el norte, y Michoacán, en el oeste, las autoridades han separado, desarmado e investigado a varios centenares de agentes municipales y estatales.

Los bajos salarios de los uniformados, tentados por las grandes cantidades de dinero que mueve el narcotráfico, son la principal causa de la corrupción policial.