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La política de mano dura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contra los piquetes de camioneros huelguistas, que bloquearon las rutas, terminó con el caos en las carreteras y el proceso de desabastecimiento. Han sido detenidos 101 camioneros, 71 de los cuales han sido puestos a disposición judicial. El rigor policial llegó hasta quitar las llaves a quienes se negaban a retirar sus camiones de los bloqueos.

El gobierno anunció que la circulación está plenamente normalizada y que se "garantizara la libre circulación de aquellos transportistas, que son mayoría, que quieren trabajar".

"Habrá tolerancia cero ante los actos de violencia", sentenció Zapatero, quien exhortó a los huelguistas a que retornen a las tareas y advirtió que no tienen posibilidad alguna de triunfar en la huelga, desatada por el alza de los combustibles.

Pero las tres organizaciones convocantes del paro, que representan sólo a un 18 por ciento del sector, decidieron mantener la huelga en una asamblea realizada ayer por la tarde.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que las acusaciones a los camioneros detenidos serán por desórdenes públicos. A los que se les aplique el Código Penal (artículo 557) les pueden caer de seis meses a tres años de cárcel si se demuestra que actúan en grupo para alterar el orden y causen lesiones, daños u obstaculizan las vías públicas. Además, pueden perder el permiso de conducir durante tres meses por "obstruir las carreteras sin causa justificada", en virtud de la Ley de Seguridad Vial, que añade una multa de 600 euros por esa infracción.

Un camionero que golpeó a un policía en un piquete en Granada ha sido condenado, en juicio rápido, a ocho meses de cárcel y al pago de una indemnización al funcionario agredido.

En la jornada de ayer, un impresionante despliegue de 25.000 policías y guardias civiles arremetió contra los piquetes, custodió a 6.500 camiones de abastecimiento de alimentos y combustible, y detuvo a numerosos huelguistas que se negaban a retirar sus vehículos de las rutas bloqueadas.

El Ministerio del Interior anunció que las habituales restricciones de circulación de los camiones para los fines de semana han quedado levantadas para que se pueda continuar con una acelerada normalización.

Mientras tanto, el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que representa al 80% del sector que no entró en conflicto, y el Ministerio de Fomento firmaron un acuerdo que despliega 54 medidas que benefician a los camioneros. Las tres organizaciones que participan en la huelga se negaron a aceptar el acuerdo porque no contempla su reclamo principal sobre el establecimiento de una tarifa mínima por los servicios de transporte por carretera.

El gobierno ha vuelto a aclarar que esa medida es ilegal y se contrapone con las estrictas regulaciones de la Unión Europea sobre competencia por lo que no la adoptará en ningún caso. "Es un camino que no conduce a ninguna parte", dijo Zapatero.

La normalización más rápida se ha producido en las estaciones de servicio que han ido recuperando sus existencias de combustible y prestan servicios sin restricciones en la gran mayoría de los casos. En cuanto a los alimentos, el abastecimiento de los grandes centros de distribución ha crecido notablemente, pero la huelga de pescadores continúa forzando la falta de pescado fresco. También se nota en algunos comercios la escasez de verduras aunque no de fruta.

Se prevé en los comercios y supermercados que la actividad sea totalmente normal al comienzo de la próxima semana. Todavía actúan piquetes en zonas de Valencia, Alicante y Andalucía, pero la acción policial los está obligando a retirarse.