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Son acusados de haber malversado fondos para la realización de referendos en los que se aprobaron los estatutos autonómicos de esos distritos.

"Aquellas personas que, para hacer una encuesta carísima, han utilizado dineros públicos de los bolivianos sin permiso del Congreso, sin autorización de los procedimientos que mandan la utilización de esos dineros, tienen que responder de sus actos", dijo el vicepresidente Alvaro García Linera.

"Si no tenemos mayoría hoy (en el Senado), tendremos mayoría en tres, cuatro, cinco, ocho o 10 meses y esos señores tienen que rendir cuentas de esa malversación de fondos", declaró García Linera a la radio Patria Nueva, según reportó la agencia noticiosa estatal boliviana ABI.

García Linera -a cargo del gobierno por el viaje del presidente Evo Morales a Libia- se refirió a los prefectos (gobernadores) de los departamentos (provincias) Beni, Ernesto Suárez; Pando, Leopoldo Fernández; Santa Cruz, Rubén Costas, y Tarija, Mario Cossío.

Los cuatro prefectos, opositores a Morales, convocaron a referendos que el gobierno central declaró ilegales y que no obstante se realizaron el 4 de mayo en Santa Cruz, el 1 de junio en Beni y Pando, y el 22 de junio en Tarija, en todos los cuales la mayoría de los ciudadanos aprobó los estatutos autonómicos.

El anuncio del vicepresidente tuvo lugar horas después de que la prefecta de Chuquisaca, la también opositora Savina Cuéllar, convocara ayer para el 30 de noviembre próximo a un referendo para aprobar o rechazar el estatuto autonómico de su distrito, al que el gobierno central declaró hoy "ilegal e impertinente".

El viceministro de Descentralización, Fabián Yacsik, declaró sobre el referendo en Chuquisaca que "ninguna votación de ese tipo tendrá vinculación jurídica" y agregó que el gobierno no hará nada por detener la consulta y dejará todo en manos de la Corte Nacional Electoral (CNE), informó el diario paceño La Prensa.

Cuéllar, electa el 29 de junio pasado, llamó a la consulta en Chuquisaca para siete días antes del referendo nacional al que convocó Morales el jueves pasado para que la ciudadanía resuelva si se debe sancionar o rechazar la reforma constitucional aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Constituyente.

Morales realizó el llamado después de que el día anterior los prefectos de Beni, Chuquisaca, Pando, Santa Cruz y Tarija hubieran advertido que lo considerarían ilegal y que no admitirían la realización en sus distritos.

"En caso de que el gobierno quiera imponer el ilegal referendo, los cinco departamentos no admitirán su ralización en sus territorios", advirtió Cossío, vocero de la reunión que los prefectos mantuvieron el miércoles en Villamontes, ciudad del Chaco boliviano limítrofe con Paraguay.

Ese día, los prefectos opositores ratificaron las medidas de fuerza que llevan adelante junto a organizaciones cívicas de esos departamentos en reclamo de la devolución de fondos generados por el Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos (IDH), que el gobierno central les quitó para financiar una pensión a la vejez.

Esas medidas, que incluyen el bloqueo de rutas que comunican a Bolivia con la Argentina y Paraguay, fueron resueltas después de que semanas atrás fracasaran dos reuniones entre Morales y los prefectos, convocadas por el mandatario, y en un clima de tensión creciente entre el gobierno central y las regiones en manos de la oposición.

En ese contexto, grupos opositores de Santa Cruz de la Sierra golpearon salvajemente a indígenas que pretendían manifestarse a favor de Morales, a los que gritaron consignas racistas como "collas de mierda" y "que se vayan a su tierra los indios de mierda", y dejaron a un joven discapacitado en estado de coma.

"No termino de comprender lo que pasó en Santa Cruz; siento vergüenza de lo ocurrido; son indicios serios de la presencia de terroristas", dijo ayer García Linera al respecto.