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Así, se abrió el debate para que los gremios y agrupaciones sugieran reformas a los artículos, basadas en las necesidades sectoriales.

“El tratamiento no está dentro de las prioridades de Diputados, ya que previamente debemos tratar cuestiones indispensables como la creación del Ministerio Público, porque en base a lo que se resuelva tendremos que diseñar un presupuesto acorde a la estructura”, señaló el presidente de la comisión LAC, el diputado justicialista Raúl Millán.

Desde la oposición también se posicionaron en contra de varios artículos, especialmente el 92, que sanciona con arresto de hasta 30 días o multas de hasta $6.000 a los que de cualquier modo impidieren, dificultaren u obstaculizaren el ingreso o salida de lugares públicos o privados.

El diputado del Consenso Federal, Luis Petri, aclaró que, además de reprimir una forma válida de reclamo, como son las manifestaciones, dicho artículo estipula algo que ya está incluido en el Código Penal como delito, y que no impide el derecho de las organizaciones a manifestarse. “La idea es combatir el delito, no criminalizar la protesta”, señaló.

Críticas gremiales al proyecto

Agrupaciones gremiales y sociales acudieron a la reunión para solicitar el rechazo al proyecto presentado por el Partido Demócrata. Entre los principales reclamos, los representantes destacaron que el escrito tiene tintes represivos y cercena la protesta, única herramienta con la que cuentan los sectores más vulnerables de la sociedad.

El titular de la CAAC –entidad representante del peronismo montonero de Mendoza–, Guillermo Martínez Agüero, sostuvo que “hubo demasiados sacrificios para lograr la democracia como para permitir estas leyes terroristas, que coartan la libertad de expresión y son una traición al pueblo”.

Asimismo, los representantes gremiales aseguraron que el proyecto “ataca a los más débiles, favoreciendo a los dueños de Mendoza”.

El ARI adhirió a este concepto, señalando que la propuesta demócrata de reforma del Código es “discriminatoria y estigmatizante”. Para lograr el consenso social, desde la Casa de las Leyes propusieron a las agrupaciones mantener reuniones en las que los distintos sectores sugieran las modificaciones que sean pertinentes, según las necesidades específicas. Con esto, el actual Código seguirá rigiendo hasta que en Diputados terminen sus modificaciones, y vuelva a revisión a la Cámara alta.