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HH. Sólo Carlos Menem había sido echado.

Fue echada del organismo por sus principios y valores “incompatibles con los derechos humanos”.

El pensamiento y la acción política de Elisa Carrió parecieran alejarse cada vez más de la filosofía de Hanna Arendt y acercarse a la ideología de Carlos Menem. Esta suposición se hace cada día más verificable. Al igual que el ex presidente de la última década infame, la dirigente de la Coalición Cívica ya no esconde su corrimiento hacia posiciones de derecha. Se le nota en la custodia del poder económico más concentrado, en la defensa de sectores militares o en el discurso reaccionario en materia de derechos humanos. Así, Carrió y Menem lograron formar un club con sólo dos miembros: el de los expulsados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh). El riojano fue eyectado en los ’90, por estampar su firma para los indultos. Y la chaqueña esta semana, por criticar el proyecto oficial sobre la obtención de muestras de ADN de posibles hijos de desaparecidos. La ley es un viejo reclamo de Abuelas. Son unos cuatrocientos los chicos apropiados en la dictadura que aún no han recuperado su identidad.
“Dadas sus declaraciones públicas absolutamente incompatibles con los principios y valores de los derechos humanos, la Apdh ha decidido separar a Elisa Carrió de esta institución”. Así dice el breve comunicado de la mesa directiva de la Apdh. La filial San Luis del organismo fue más dura: “No sorprende la posición de Carrió ya que se ha manifestado en otras oportunidades en contra de la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia por los horrendos crímenes de la última dictadura. Hoy va contra el derecho a la identidad de los niños y niñas apropiados durante la dictadura y defendiendo a la poderosa señora de Noble, cuyos hijos muy probablemente le fueron arrebatados a sus familias biológicas y tienen derecho a conocer su verdadera identidad. No debe temer por ella porque si la adopción efectuada por Noble durante la dictadura fue legal nada habrá de pasarle.”
Y concluye: “Esta ley la necesitan las Abuelas porque va a facilitar el encuentro con sus nietos, facilitará encontrar a las/os jóvenes apropiadas/os. El reencuentro con sus familias biológicas produce el cese de la situación de desaparición forzada en que se encuentran y el cumplimiento del derecho a conocer su identidad y el derecho de la sociedad a conocer la identidad de sus integrantes.”
El proyecto de ley se iba a tratar esa semana en el Congreso. No sucedió porque no hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición. El actual Código Procesal Penal no contempla la toma de muestras de ADN. El proyecto, entonces, busca cubrir un vacío legal. Contempla resguardar la integridad de quienes deben brindar las muestras, al establecer procedimientos no invasivos distintos de la inspección corporal: el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo, por ejemplo.
La práctica de extraer ADN a través de elementos que no es la sangre –como pelo y saliva– ya se viene realizando hace unos años por varios juzgados. Desde 2005 los jueces vienen implementando esta forma de obtener datos genéticos de presuntos hijos e hijas de desaparecidos. Nueve de las últimas doce restituciones se hicieron por este método. Ninguno de esos nueve jóvenes impugnó ante la Justicia el procedimiento. Lo que permitirá la ley a la Justicia es ordenar la recolección de elementos o pertenencias de cualquier joven que se sospeche que es hijo de desaparecidos, para analizarlos y constatar su ADN, aunque la víctima no haya prestado su conformidad.
El diputado del bloque Solidaridad e Igualdad (SI), Emilio García Méndez, dijo que el proyecto es “extremadamente respetuoso de las garantías individuales y libera a las víctimas de tener que ser ellas quienes denuncien a sus apropiadores”. García Méndez es uno de los diputados que se fue del ARI, enojados con Carrió, y formaron el bloque de SI.
Verborrágica como siempre, la chaqueña consideró dos semanas atrás que “la ley de ADN es fascismo puro, es una venganza personal (de los K) para con Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín”. Hasta llegó a decir, sin ruborizarse: “Los hijos de Noble son nuestros hijos”. Las palabras cayeron como una patada en los organismos de derechos humanos. En especial, en Abuelas de Plaza de Mayo. Es que el organismo que dirige Estela de Carlotto es el principal impulsor y beneficiario del proyecto de ley.
Los integrantes de la Apdh analizaron los dichos de Carrió y la mesa directiva tomó la decisión. La titular de la CC era miembro de la organización desde hace diez años. Había ingresado invitada por su entonces presidente, Alfredo Bravo. La Asamblea es querellante en la mayor parte de los juicios que se llevan adelante en el país. Fue fundada el 18 de diciembre de 1975, poco antes del golpe de Estado de marzo del ’76. De la génesis participaron personalidades provenientes de la política, la cultura, el campo social, el sindicalismo y sectores religiosos, preocupados por la violencia política. Algunos de ellos fueron Raúl Alfonsín, Oscar Allende, Alfredo Bravo, Alicia Moreau de Justo, monseñor Jaime De Nevares, Miguel Hesayne y Ernesto Sábato.

El derecho a la identidad. Inés Izaguirre es investigadora universitaria y covicepresidenta de la Apdh. “Los dichos de Carrió no se corresponden con los principios de nuestra institución, que lucha con otros organismos por el derecho a conocer la identidad por parte de las familias biológicas. Y a respetar a los jóvenes que fueron victimizados”, señaló Izaguirre a Miradas al Sur. “Se incurre –dijo– en algo que no es cierto al decir que la extracción de sangre es compulsiva. Toda ley o toda decisión de la Justicia es compulsiva. El proyecto que está en el Congreso, y también la Justicia, busca que no se llegue a la compulsión corporal, sino que se haga con todos los cuidados. No hay que victimizar a los chicos por segunda vez, pero hay que respetar el derecho de las familias biológicas a saber la verdad. Porque el derecho a la identidad es un derecho universal. Y también tienen derecho las familias a saber si ese joven tiene que ver con los hijos de sus hijos.”
La líder de la CC reaccionó con la expulsión. Dijo que la noticia llegó “en buena hora si es por defender los derechos de todos”. E insistió en que “el proyecto implica maltrato y afectación a la integridad personal”. “Nuestra posición –adelantó– será innegociable” en el Congreso. Su bancada en Diputados también expresó un “total y absoluto rechazo a aquellos que atribuyéndose la propiedad de los derechos humanos en la Argentina, los utilizan con mezquindad para descalificar a sus adversarios políticos”. “Exigimos –dice el comunicado– respeto a sus opiniones y rechazamos la injusta expulsión a la que fue sometida por las autoridades de la Apdh. No es más que una operación que verifica la mentira de un discurso que no repara en ningún límite y conspira contra la defensa y el compromiso de garantizar los derechos humanos de todos los argentinos.”
Elsa Tata Quiroz es diputada nacional de la CC y mano derecha de Carrió. Es sobreviviente de la masacre de Margarita Belén, en Chaco. Y estuvo presa durante la dictadura en la cárcel de Devoto. “A partir de opiniones distintas con respecto al proyecto de ley se obtura la discusión y se genera un marco de confrontación que no ayuda al debate. Sino todo se limita a ver quiénes son los que defienden los derechos humanos y quiénes son los que defienden a la dictadura. Por suerte, no hay dueños de los derechos humanos: un sector no puede apropiarse ilegítimamente de esa bandera y tener una única voz. No son una herramienta para hacer política: son la causa de la política”, declaró a Miradas al Sur.
“Tenemos diferencias con el proyecto. Por ejemplo, el texto no plantea la prohibición expresa de la compulsión. Creemos que hay que llegar a la verdad y perseguir los crímenes de la dictadura, pero no a costa de invadir la integridad de las personas.”
–Los argumentos legales de Abuelas sostienen que no existe un derecho a no conocer la propia identidad.
–Cuidado con esos argumentos. Debería remitirnos a lo que se discutió después del 11/9 en el Congreso de los Estados Unidos: si era factible la aplicación de las torturas para conocer la verdad.
–Son dos cosas totalmente diferentes.
–Pero los derechos que ejercen las personas son por decisión personalísima. Y, por otro lado, hay un Estado que debe intervenir. Estamos de acuerdo con eso y queremos dotar a la Justicia de leyes y normas para perseguir a los crímenes de lesa humanidad. Buscamos el conocimiento de la verdad, pero no por sobre la integridad de las personas.
“Existieron alrededor de 500 niños y niñas que fueron apropiados. Gracias a la tenaz e incansable lucha de Abuelas, más de 95 de esos bebes que hoy somos jóvenes hemos recuperado nuestra verdadera identidad. En nuestro país, la perversidad sin límites de los genocidas y sus cómplices nos lleva a que existen en nuestro país más de 400 jóvenes que se encuentran en estado de desaparición forzada, sin conocer su verdadero origen, su verdadero nombre, su verdadera familia. Y este delito se sigue cometiendo hasta tanto la verdad haga cesar la mentira. Así de simple y así de claro”, opinó, por su parte, Victoria Donda. La diputada nacional nació en la Esma y sus padres están desaparecidos.
Para Donda, en ningún caso “la verdad puede significar la revictimización y debe ser el Estado el que garantice que la verdad dé luz a toda una sociedad que ya condenó el terrorismo de Estado y puntualmente la apropiación de niños y niñas”. “Revictimizarlos es –subrayó– que el Estado deje en su propia voluntad la búsqueda de esa verdad. Mientras esté en duda la identidad de uno de nosotros, mientras existan familias buscando al menos a uno de los jóvenes secuestrados como botín de guerra por los militares genocidas, será toda esa sociedad la que puede ponerse en duda.”
“Votar en contra de esta ley –concluyó Donda– es votar en favor de la impunidad”.

Por Guillermo Peralta