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Las empresas que contratan a ilegales, podrán ser cerradas en adelante. "Los prefectos obtendrán esta nueva potestad", señaló Darcos al rotativo. "Recurriremos a penalizaciones que repercutan en el bolsillo y la reputación de la empresa". Los prefectos son los representantes del gobierno central en los distritos regionales y en las ciudades, informa la agencia DPA.

Cerca de un cuatro por ciento de la capacidad productiva de las empresas corresponde al trabajo de ilegales y empleados sin contrato, sostuvo Darcos. "Eso equivale al presupuesto que se destina al área de la ecucación de Educación".

Sus empleadores perderán en breve sus privilegios fiscales, mientras que los ilegales que pierdan su puesto de trabajo tras una inspección, tendrán prioridad a la hora de cobrar los pagos pendientes.

Desde hace cinco semanas en torno a 5.500 ilegales en Francia están en huelga en demanda de una regulación de su situación y de su permiso de trabajo. La mayoría de inmigrantes procedentes de África obtienen respaldo de sindicatos y partidos de izquierda.