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El objeto del encuentro será informar sobre las gestiones que se realizan ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar los fondos adeudados en materia de coparticipación.

El gobernador Hermes Binner convocó a los diputados y senadores nacionales por la provincia de Santa Fe a una reunión en la que se brindará información sobre las gestiones que la actual administración está llevando adelante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por los reclamos ante el gobierno nacional en relación a la coparticipación federal de impuestos.

El encuentro se desarrollará hoy, a las 10, en el salón Blanco de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe.

Al mismo fueron invitados los diputados nacionales Walter Agosto, Jorge Obeid, Daniel Germano, Celia Arena, Juan Carlos Forconi y Carlos Carranza, Agustín Rossi, Gustavo Marconato, Alejandro Rossi, Paulina Fiol, Miguel Barrios, Verónica Benas, Mónica Fein, Fabián Peralta, Susana García, Jorge Álvarez, Alicia Ciciliani, Carlos Comi y Carlos Favario. También los senadores nacionales Rubén Giustiniani, Carlos Reutemann y Roxana Latorre.

La convocatoria se da en el marco de la audiencia fijada por el máximo tribunal en relación al reclamo provincial de inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley Nº 26.078, que prorrogó –sin el acuerdo previo o posterior de la provincia de Santa Fe– la detracción del 15 por ciento de la masa de recursos de la coparticipación federal de impuestos, con destino al sistema de previsión social de la Nación administrado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

El gobernador Binner y el ministro de Economía, Amado Boudou, están citados para el miércoles 17, a las 10.

En una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia tras la presentación inicial del reclamo correspondiente, el gobierno de Santa Fe solicita que, hasta tanto se resuelva de modo definitivo la cuestión de fondo planteada, “se ordene la suspensión parcial” de la aplicación del artículo en cuestión y también “el cese preventivo” de la detracción de los fondos coparticipables.

En tal sentido, la pretensión cautelar se limita “a los períodos sucesivos” y “tan sólo al 50 por ciento de los fondos que corresponden a la provincia de Santa Fe y se encuentran comprometidos en la detracción cuestionada, requerimiento parcial y mínimo anticipado al cual se ve forzada la provincia atento la grave situación financiera” que atraviesa.

En su momento, el Fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, explicó que el reclamo de fondo realizado por el gobierno santafesino se basa en que “la imposición o distribución tributos debe establecerse a partir de un acuerdo entre la Nación y las provincias. Hay un derecho intrafederal, que es el derecho de la coparticipación federal, que se establece en forma consensual”, señaló.

En 2006 Santa Fe retiró el consentimiento para que la Nación siga detrayendo el 15 por ciento de los recursos de la masa coparticipable con destino al financiamiento de la seguridad social, tal como se había establecido en el Acuerdo Federal de 1992. Como consecuencia de ello, la provincia reclama que esos recursos sean reintegrados desde esa fecha.

Por otra parte, la provincia destaca en su reclamo “la modificación fundamental de las circunstancias que dieron origen y justificaron la detracción de los fondos que actualmente efectúa la Nación”.

En tal sentido, se recuerda que en 1992, la Nación “tenía un stock de deuda inmanejable y se quedaba sin flujo de fondos ya que los ingresos corrientes por aportes y contribuciones pasarían, centralmente, a las Afjp (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones)”, en el marco de la privatización del sistema previsional.

En cambio, se indica que hoy “el perfil del sistema previsional es absolutamente distinto” ya que en 2008 la Nación “se apropió de un stock de activos valuados en unos 25.000 millones de dólares –que conformaban los activos netos del sistema privado de jubilación–; recuperó la totalidad de los flujos de aportes y contribuciones; y adquirió tenencias accionarias de magnitud en empresas y conglomerados privados de primera línea”.