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Un plan de defensa. Una misión de inteligencia contra el terrorismo. Pero, también ahora, cualquier información que, según el parecer de los funcionarios, pueda afectar la "seguridad" o las "relaciones internacionales". Todo lo que esté dentro de esas amplísimas definiciones podrá ser secreto de Estado y por un mínimo de diez años, si es que progresa un proyecto de ley impulsado el miércoles en el Congreso por cuatro senadores kirchneristas.

Con el proyecto de la "Ley de Secretos Oficiales", los senadores oficialistas aspiran a regular por primera vez las excepciones al principio de que todos los actos de Gobierno deben ser públicos.

Al mismo tiempo ampliarían las facultades del Ejecutivo para ocultar información y controlar su divulgación. La restricción afectaría directamente a la prensa, que no podría dar a conocer la información clasificada. Hoy, los periodistas no están obligados a mantener "secretos de Estado".

¿Cuáles serán esos secretos? ¿Qué información, según el proyecto, no es "conveniente" que sea conocida por todos? Aunque la materia de los secretos es difícil de delimitar, se podría ocultar información que cumpla con uno de estos requisitos:

Que pueda producir daño "a las relaciones internacionales".

Que pueda producir un daño "a la defensa nacional".

Que puedan producir un daño "a la seguridad interior".

Hasta hoy sólo dos áreas vinculadas con la Defensa —al margen del secreto bancario y fiscal— tienen autorización legal para activar secretos: la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y el sector de Inteligencia estratégica de las Fuerzas Armadas, ambas por razones de seguridad nacional. Pero de prosperar el proyecto 2935/05, esa facultad sería ampliada a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio del Interior, al propio Congreso e incluso a los jefes de las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.

Dos asesores del Congreso que participaron de la redacción del proyecto justificaron ante Clarín esa ampliación de facultades, diciendo que en la actualidad esas áreas suelen administrar de hecho resoluciones reservadas: "Lo hacen de un modo u otro. Lo que se busca es que se clasifique sólo lo necesario", dijeron.

El proyecto no fue propiciado por el Poder Ejecutivo y para que sea ley debe ser votado primero por el Congreso. Pero el respaldo oficial de la propuesta se trasluce en quiénes son los senadores que lo firman: la presidenta de la Comisión de Defensa y candidata a ser la futura ministra de Defensa, María Pérceval; el presidente del bloque peronista del Senado, Miguel Pichetto; el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Mario Daniele; y la frepasista Diana Conti. Los cuatro, de excelente relación y en perfecta sintonía con Kirchner.

Uno de los puntos más importantes de la propuesta de estos senadores es que los secretos pasarían a tener fecha de vencimiento. Al cabo de diez años, deberían pasar a ser públicos automáticamente. Aunque si se justifica, ese plazo podrá extenderse por diez años más, pero eso deberá estar autorizado por el funcionario responsable.

Además, el proyecto dice que los secretos se deben desclasificar "si el interés público comprometido supera los perjuicios...". Ordena hacer un banco de datos a disposición de "periodistas e historiadores". Y deroga todas las normas sobre secretos oficiales.

El control sobre los secretos no dependerá del Congreso, como ocurre y seguirá ocurriendo con la SIDE, sino directamente de la Jefatura de Gabinete. Es decir, que una pata del Ejecutivo debería cotejar que se cumplan los requisitos del secreto pero al mismo tiempo tendría la facultad de ejercer ese secreto.

La Jefatura de Gabinete le aseguraría al Gobierno una enorme amplitud de facultades, ya que el jefe de Gabinete coordina la tarea de todos los ministerios y puede, de uno u otro modo, inmiscuirse en cualquiera de ellos.

Un interrogante —aún no resuelto en el proyecto— es saber si con estas ampliaciones y restricciones podrían ser afectados los polémicos decretos secretos, que se pueden emitir hoy también desde la Jefatura de Gabinete.

¿Pero quién decide qué será secreto? Los ministros o secretarios de Estado de cada área serán quienes tomen esa decisión. Eso sí: tendrán que justificarlo por escrito (en secreto) y quedará archivado por diez años más (también en secreto).

La iniciativa prevé también que sólo los jueces y el Congreso podrán reclamar que se levante su confidencialidad, además de particulares directamente damnificados. Los informes secretos podrán usarse como prueba en los juicios, como ocurrió ya en la investigación del atentado contra la AMIA. Para eso, claro, primero los jueces y los legisladores deberán saber de la existencia de un secreto. No será sencillo.

A diferencia de lo que ocurre hoy con los secretos como el bancario o el impositivo, la propuesta de ley prevé la obligación de los periodistas y de cualquier ciudadano de no divulgar la información que haya sido calificada como confidencial. Lo dice en el artículo 22, cuando establece que cualquier persona "a cuyo conocimiento llegare" un secreto oficial, estará obligada a "mantener secreto". Hoy, sólo los funcionarios están obligados a preservar la confidencialidad.

La Cancillería y el ministro del Interior también podrían decidir qué información es secreta. Pero hay más. Esa facultad podría ser "delegada" en los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, siempre que consideren que alguna información afec te la seguridad interior. ¿La compra de tecnología? ¿La compra de nuevos carros hidrantes? El proyecto es suficientemente amplio.

Dice que podrán ser secretos los "sistemas, instalaciones o servicios de protección de importancia para la seguridad".

No quedaron afuera de las atribuciones los propios legisladores. Si el proyecto se convierte en ley —lo debe votar el Congreso—, los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores podrán disponer el secreto de "todo asunto o trámite" que afecte los principios de la ley.

Por último, la propuesta intenta atajar posibles desviaciones de los funcionarios. O eso dice en el artículo 20, cuando asegura que en ningún caso podrá clasificarse información para "ocultar violación de normas jurídicas", "restringir la competencia" o, aclara, para "evitar incomodidades o críticas a funcionarios".