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POLíTICA


Procesaron y dictaron prisión para Cristóbal López y De Sousa



Fecha: 20/12/2017   10:22

Extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue considerado “autor” de la maniobra por planes de pago entre 2013 y 2015




Seguirá libre. El exdueño del desaparecido Grupo Indalo esta prófugo según Gendarmería.
 

Sobre el final del año, el Gobierno podrá cumplir uno de los anhelos que habían sido deslizados por el presidente Mauricio Macri a su círculo íntimo acerca de poder mostrar empresarios detenidos por causas de presunta corrupción, y no sólo exfuncionarios. El juez Julián Ercolini apuró ayer un fallo que dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cristóbal López y de Fabián De Sousa, extitulares del Grupo Indalo, acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la retención del impuesto a los combustibles líquidos por $8 mil millones. La decisión judicial, que no estaba previsto que llegase horas después de la desgastante sesión con batalla campal incluida por la aprobación de la reforma previsional, también impactó en el extitular de la AFIP kirchnerista Ricardo Echegaray, que corrió con mayor fortuna porque no realizó ninguna maniobra patrimonial para intentar eludir las medidas dictadas por el juzgado. Tampoco se le aplicó la extendida "doctrina Irurzun" sobre los lazos de poder residuales que llevaron a prisión a otros miembros del Gobierno K.

Centinela

De Sousa, minutos después de conocido el procesamiento -que incluyó el millonario embargo hasta alcanzar la suma de $ 17 mil millones- fue detenido y alojado en el edificio Centinela, luego de que Prefectura Naval llevara a cabo la orden de detención en su domicilio. Sobre López pesó una captura nacional e internacional ya que no fue hallado en el domicilio declarado ante la Justicia, aunque su abogado Carlos Beraldi presentó de inmediato un pedido de eximición de prisión. Ercolini -tras la vista del fiscal- seguramente no volverá sobre sus pasos con la decisión de otorgarle la preventiva, por lo que la Sala I de la Cámara Federal resolverá. Para Gendarmería, que recibió la orden del juzgado, López se encontraba anoche prófugo.

En poco más de 100 carillas, Ercolini repasó la maniobra que había sido apuntalada por la AFIP desde el año pasado, y que recorrió el camino judicial hasta que la Cámara de Casación consideró que sea Comodoro Py quien resuelva la situación procesal de López, De Sousa y Echegaray. El funcionario está acusado de haberle dado sucesivos planes de pago de la AFIP (por el denominado artículo 32) con los cuales se le permitió a la empresa Oil Combustibles retener el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que abonan los usuarios de estaciones de servicio por cada litro de nafta cargado. Supuestamente, con esos planes de pago otorgados por AFIP "de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada", el holding fondeó otras empresas del grupo, poniendo en riesgo el crédito fiscal que debía percibir el organismo recaudador. Originalmente, Ecolini consideró que se pudo tratar de una maniobra de evasión y por eso, tras indagar a los imputados, se declaró incompetente en favor del fuero penal económico. La Cámara confirmó pero Casación revocó la decisión y prácticamente dejó servido el procesamiento para los acusados, encabezados por Echegaray como "autor", y por los empresarios como "partícipes necesarios".

Impuestos

Cuando fueron indagados, todos alegaron que no había existido perjuicio fiscal y que los planes habían sido otorgados a diferentes empresas que aducían problemas financieros y solicitaban que la AFIP dilatase el cobro de impuestos. Para Ercolini, la maniobra contó con irregularidades como documentación faltante, precisamente la que acreditara que la empresa se encontraba en condiciones económico-financieras que le impidieran el cumplimiento de las obligaciones. De 55 períodos fiscales, Oil sólo pagó 7, extendiendo los planes de AFIP desde 2013 a 2015. Para disponer las prisiones -algo inédito por incumplimiento de cuestiones únicamente patrimoniales-, Ercolini consideró que existió una maniobra en la venta del 100% de las acciones del Grupo Indalo de manera irrevocable. La cuestión, alegó el juez, pese a que fue notificada al juzgado con un pedido subsidiario de que se levantara la inhibición general de bienes que impedía una transferencia, fue realizada cinco días antes de la primera comunicación formal al juzgado. Ercolini mismo la rechazó, insistiendo en que podía garantizarse la normal operatoria de las empresas sin tener que levantar esa medida cautelar. Sin embargo, ahora consideró ese ítem como una falta a una decisión judicial (algo parecido al caso del contador K Víctor Manzanares) por lo que supuso que se cumplía con el peligro procesal de una obstrucción de la Justicia. Por esta última operación (aunque no autorizada de manera formal), Ercolini solicitó que se "extraigan testimonios" a fines de un posible delito de acción pública. Lo sumó al intento de radicar el concurso de acreedores de Oil en Chubut, algo que terminó por ser desbaratado por la Corte Suprema, en un fallo reciente, que instruyó para que todos los asuntos vinculados a ese concurso se tramiten en Capital Federal.



Fuente: 20 diciembre 2017 (ámbito-derf)








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