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POLíTICA


El juez que procesó al policía Chocobar citó dos veces a Zaffaroni en sus argumentos



Fecha: 03/02/2018   07:38

Enrique Velázquez hizo referencia al "Manual de Derecho Penal" escrito por el ex juez de la Corte junto a otros dos autores




 

El procesamiento al policía que mató al ladrón Pablo Kukoc (18), uno de los que apuñaló a un turista estadounidense en La Boca, generó un gran revuelo. El agente Luis Oscar Chocobar (30) fue recibido por el presidente Mauricio Macri y sumó los apoyos del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par bonaerense, Cristian Ritondo.


El juez de menores N° 1, Enrique Velázquez, autor del fallo, eligió no hablar con los medios. Sin embargo, lo hizo a través de la resolución. En ocho páginas, desarrolló sus argumentos para procesar por "homicidio agravado por exceso de legítima defensa" y embargar por 400 mil pesos a Chocobar.


Tras repasar los hechos de ese 8 de diciembre, cuando Chocobar persiguió y baleó a uno de los dos ladrones que le habían dado 10 puñaladas a Joe Wolek (54) para robarle su cámara, el juez Velázquez pasó a los fundamentos de su decisión.


En ese tramo de la resolución, el magistrado citó a distintos autores y jurisprudencia para sostener sus conclusiones. Uno de ellos es el "Manual de Derecho Penal" que escribieron el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, el fiscal general Alejandro Alagia y el camarista Alejandro Slokar.


"Cuando la ley habla de necesidad racional del medio empleado, no se está refiriendo al instrumento, sino a la conducta con que se lleva a cabo la defensa (Eugenio Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Manual de Derecho Penal).", es la primera referencia que hace al texto.


En el apartado en el que se refiere a la calificación de "exceso en la legítima defensa" que le imputa a Chocobar, Velázquez dice: "Asimismo, debo destacar que lo exigible a Chocobar en este tipo de situaciones está por encima de lo exigible a otro ciudadano, pues se trata de un profesional en actividad que ha sido capacitado y equipado por el Estado para abordar y resolver de la mejor manera posible esas situaciones".


Y a continuación cita nuevamente el Manual de Derecho Penal: "Sobre este aspecto, los Dres. Zaffaroni, Alagia y Slokar sostienen que “El ciudadano común tiene el derecho de defender a terceros, en tanto que, dentro de lo impuesto por las leyes, el militar o el policía tienen el deber de hacerlo, al punto que si no lo hicieren resultarían sancionados, incluso penalmente. Las dudas se plantean respecto de la extensión del deber en comparación con el ejercicio de un derecho, afirmándose que en el caso del policía su deber jurídico de intervención es más estrecho que el ámbito de intervención que el código penal concede como derecho al particular, fundado en las leyes que regulan el uso de armas por parte de la policía. En rigor, el deber jurídico que incumbe al policía o al militar no tiene un ámbito de intervención menor que el del derecho que le asiste al habitante común, sino que, dada su profesionalidad, se le exige una más ajustada valoración ex ante de la necesidad de la defensa, pues se supone que dispone de los conocimientos, entrenamiento y medios técnicos para hacer una planificación más fina y precisa de la violencia. Esta solución se impone, porque de lo contrario no se justificaría que la legítima defensa fuese sustitutiva y ni siquiera se justificaría la existencia misma de la fuerza pública”.


En esas ocho páginas, Velázquez también cita un fallo de la Cámara de Casación Penal sobre el policía Daniel Santiago Veyga, quien mató a Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco en Villa Lugano, el 8 de julio de 2009. Un tribunal de primera instancia había sobreseído a Veyga, pero la Cámara lo revocó. Finalmente, el policía fue absuelto el año pasado por el Tribunal Oral Criminal Número 16.


No obstante, Velázquez hizo referencia a una resolución anterior: "Recientemente la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que 'Respecto de los miembros de las fuerzas de seguridad rigen normas específicas para el empleo de las armas de fuego. Así, entonces el análisis de la causal debe efectuarse teniendo en cuenta el rol de policía de la víctima y las obligaciones que emanan de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley' (adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990) en cuanto establece en su disposición Nro. 5 que: 'Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas'".

 



Fuente:  3 de febrero de 2018 (Clarín-Derf)








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