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POLíTICA


Insisten en penalizar el acoso sexual callejero



Fecha: 02/03/2018   20:02  |  Cantidad de Lecturas: 847

Diputadas de la UCR reimpulsan el tratamiento del proyecto que dispone incorporarlo al Código Penal como delito contra la integridad sexual





        


Ante los hechos denunciados en las últimas horas por una joven que sufrió el acoso y la humillación en una estación de subterráneo, que reflejan la realidad que mujeres de todas las edades padecen diariamente en la calle, diputadas radicales decidieron reimpulsar el pronto tratamiento de un proyecto que dispone incorporar al acoso sexual callejero como delito contra la integridad sexual en el Código Penal. El texto unificado engloba los proyectos de varias legisladoras, entre ellas Olga Rista, de la provincia de Córdoba (UCR-Cambiemos).


La iniciativa fue dictaminada el año pasado en las comisiones de Legislación Penal, que preside la diputada Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos), y de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, presidida Alejandra Martínez (UCR-Cambiemos). Por lo tanto, el proyecto está listo para llegar al recinto de la Cámara de Diputados en el inicio de este nuevo año legislativo. El dictamen englobó proyectos similares de Rista, Victoria Donda (Libres del Sur) y Gabriela Troiano (socialismo).


El proyecto plantea sancionar este delito con multas de entre 3.000 y 15.000 pesos y en caso de que las víctimas sean menores de 18 años, de entre 5.000 y 25.000 pesos. El monto de dichas multas será destinado al Instituto Nacional de las Mujeres para el fortalecimiento de políticas públicas de prevención.


El acoso sexual callejero se define en el proyecto como “toda acción, con connotación sexual y unilateral, llevada a cabo a través de gestos y/o en forma verbal, realizada por una o más personas hacia otra u otras personas, basadas en el género, identidad y/u orientación sexual, llevada adelante en lugares o espacios públicos, o de acceso público, que de manera directa o indirecta afecten y/o perturben su vida, dignidad, libertad, integridad física y/o psicológica y/o el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación y/o un ambiente ofensivo en los espacios públicos, siempre y cuando no configure un delito más severamente penado”.


Se plantea, además, la asistencia obligatoria de los agresores a cursos obligatorios orientados a educar y concientizar a los agresores sobre el acoso sexual callejero, la violencia de género y su impacto en la sociedad, cuyo plazo de duración no podrá ser menor a los tres meses.


Las diputadas Rista y Burgos esperan que esta iniciativa sirva como medida para proteger a las mujeres ante este tipo de situaciones de violencia y a la vez concienticen a la sociedad sobre su seriedad, buscarán incorporarlo al temario de la sesión del 21 de marzo.


“El acoso sexual callejero es una de las formas que toma la violencia de género y la misoginia. No podemos seguir tolerando que las mujeres y niñas se sientan intimidadas y humilladas cada vez que salen de su casa. Una ley que lo tipifique como delito contra la integridad sexual es necesaria; la sociedad argentina ya se dio cuenta de eso y es nuestro deber responder”, sostuvo la legisladora cordobesa Olga Rista.


En tanto, Gabriela Burgos señaló: “Estamos ante un problema que afortunadamente va adquiriendo cada vez más visibilidad y conciencia colectiva. Sin embargo, el número de episodios no se reduce. El acoso callejero es el inicio de una serie de conductas relacionadas con la violencia de género que es imprescindible erradicar si pretendemos garantizar los derechos y las libertades de las mujeres. En la Comisión de Legislación Penal abordamos esta problemática y venimos trabajando para instalar la violencia de género como una cuestión de política criminal. Es necesario que la Cámara de Diputados debata y vote el dictamen de acoso callejero que fue aprobado en comisiones el año pasado. En el marco de la inminente presentación del nuevo Código Penal, ya he manifestado la importancia de que este tipo penal sea contemplado”.



Fuente:  2 de marzo de 2018 (Parlamentario)








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