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Abuso sexual en Balvanera: los fundamentos para detener, finalmente, al acusado

Los jueces de la Cámara de Apelaciones entendieron que Irineo Garzón Martínez podía entorpecer la investigación, al ser procesado por abuso sexual agravado con acceso carnal

Los jueces, Pablo Guillermo Lucero y Magdalena Laíño de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, acordaron este jueves que Irineo Humberto Garzón Martínez, de 35 años, podría obstruir la investigación judicial tras ser procesado por "abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal".

Según consta el sitio Fiscales.gob.ar, entre los fundamentos para la decisión están el hecho de que el hombre informó un domicilio en el que no reside, que usa un nombre falso en Facebook (el medio por donde contactó a la víctima) y que tardó en abrirle a la Policía cuando fueron a su local de Balvanera, alertados por la madre de la joven.

El juez Lucero basó su voto en que Garzón Martínez está procesado por "abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal", un delito con una pena de entre ocho y seis años de prisión, lo que significa que nunca será de ejecución condicional.

También, observó las pruebas recolectadas y el informe del Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, donde se comprobó que la víctima sufrió un abuso sexual agravado y que había sido drogada.

"Concretamente, no habiendo abierto la puerta de ingreso del local a requerimiento de un funcionario policial, habría intentado darse a la fuga del local cuando advirtió que éste ya se encontraba en su interior, lo cual se frustró por el diligente actuar del policía que lo redujo, luego de producirse un forcejeo", expresó el magistrado.

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Los detalles de la secuencia estuvieron claros desde el primer día para la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 41, Silvana Russi, pero la jueza Zucconi imputó a Garzón Martínez por "abuso sexual simple" y lo dejó en libertad a las pocas horas porque no tenía antecedentes penales.

"De continuar el estado actual de libertad del imputado se podría entorpecer la investigación, toda vez que aún podrían restar importantes medidas probatorias por producir en el escenario del crimen y no puede descartarse el despliegue de intimidación de cualquier tipo contra la víctima", sentenció el juez Lucero.

Mientras tanto, la camarista Laíño falló en acuerdo con su par porque "ante la amenaza de una pena de tan considerable magnitud, la inferencia de riesgo de fuga aumenta, y se reducen de manera inversamente proporcional las exigencias de otros eventuales indicios objetivos que fortalezcan la inferencia de ese riesgo".

"La posibilidad de que una persona que avizora el riesgo de ser condenada a una pena elevada considere fugarse y evitar el cumplimiento del castigo es más alta, y ello no puede ser menospreciado", sintetizó la camarista.

Laíño consideró que en este caso se aplican "los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para justificar la excepcionalidad del encarcelamiento preventivo, ya que los riesgos procesales comprobados -por el momento- no pueden ser neutralizados por alguna de las medidas alternativas previstas en el ordenamiento nacional vigente".

El tercer juez de la Sala I, Jorge Luis Rimondi, confirmó el fallo en primera instancia de Zucconi.

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