Además de Iturria, en la causa también está involucrado el empresario Tomás Lingua, este último fue cómplice del primero y ambos utilizaron a personas de bajos recursos para producir un circuito financiero ilegal.
Este caso tuvo su origen a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La fiscal federal María Marta Schianni comenzó una investigación que la llevó a sospechar e imputar al dirigente macrista como responsable de una organización dedicada a captar a personas vulnerables y de bajos recursos, quienes emitían facturas falsas que beneficiaban a empresarios que son clientes suyos, produciendo un perjuicio a las arcas del Estado.
La funcionaria judicial advirtió que Lingua captaba a las víctimas a cambio una pequeña suma de dinero y que luego los inscribía en AFIP. De esta forma, ambos victimarios se quedaban con la clave fiscal de los damnificados y operaban ilegalmente en nombre de ellos. La facturación trucha se hacía mediante la computadora que Iturria tiene en su estudio, de acuerdo a las pericias realizadas por la Justicia y AFIP.
En otra de las causas donde también está imputado el dirigente del PRO de Villa María, involucra a una chica que trabajaba para el empresario Sebastián Dalinger. Cuando fue despedida por Dalinger, cuyo contador de este es Iturria, la mujer empezó a trabajar como niñera y su empleadora la quiso inscribir “en blanco”; y desde AFIP le informaron que era gran contribuyente. Así se inició otra investigación contra Iturria y su socio Dalinger.
Cabe mencionar que Iturria está siendo investigado en una tercera causa, en la cual se lo acusa de fraude y que ya fue elevada a juicio.
El dirigente del PRO fue denunciado por dos monotributistas, que lo acusan de utilizar su clave fiscal, modificar sus datos y facturar a su nombre servicios nunca prestados, de los cuales ellos no tenían conocimiento.
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