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Crimen de Fernando: Confirman preventiva para los ocho rugbiers

Así lo dispuso el juez de Garantías, David Mancinelli quien, además, consideró que el crimen fue cometido con "premeditación y alevosía".

Este viernes, el juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, dictó prisión preventiva para los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero, por el delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de más de dos personas y alevosía”.

Tras la resolución, Máximo Thomsen (20), los hermanos Ciro (19) y Luciano (18) Pertossi, su primo Lucas Pertossi (20), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19), Matías Benicelli (20) y Ayrton Viollaz (20), continuarán detenidos en una unidad carcelaria mientras continúa el proceso.

Por su parte, la defensa de los rugbiers, a cargo del abogado Hugo Tomei, solicitó que en caso de confirmarse la prisión preventiva para todos o algunos de ellos, puedan cumplirla bajo arresto domiciliario.

En tanto, la querella a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola pidieron que a la acusación fiscal por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas se sumen los agravantes de "alevosía" y "homicidio por placer".

Los abogados que representan a los padres de Báez Sosa, también manifestaron su disconformidad con la libertad que la fiscal les otorgó el lunes por falta de pruebas a Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20), y pidieron que vuelvan a prisión.

Además, para Burlando y Améndola, los diez acusados tuvieron una “coautoría funcional” en el hecho.

Al finalizar la audiencia, el defensor de los rugbiers presentó una denuncia penal contra la fiscal Zamboni, sus secretarios y contra la defensora oficial que intervino en las primeras horas de la investigación por supuesta privación ilegítima de la libertad, falsedad de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tal como había adelantado en la audiencia, Tomei pidió además la nulidad de una testimonial, de una rueda de reconocimiento y las indagatorias, y esta presentación fue remitida por el juez al fiscal General de Dolores, Diego Escoda, para que se investigue si efectivamente se cometió algún delito.

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