Distanciamiento 18 de junio 2020
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Donnet impulsa una ley de abordaje de consumos problemáticos

Agustina Donnet, diputada del bloque Igualdad, trabaja en la Cámara Baja junto a su par Rubén Giustiniani para lograr el tratamiento de un proyecto de ley que busca regular el abordaje de consumos problemáticos de drogas

Agustina Donnet, diputada del bloque Igualdad, trabaja en la Cámara Baja junto a su par Rubén Giustiniani para lograr el tratamiento de un proyecto de ley que busca regular el abordaje de consumos problemáticos de drogas desde una perspectiva integral y de derechos humanos.

Se trata de una norma necesaria para un amplio sector de la sociedad, y urgente para los sectores más vulnerados. Propone un trabajo enfocado desde la perspectiva de Reducción de Daños, es decir, desde un acompañamiento que respete la voluntad del usuario.

El proyecto fue trabajado en conjunto con asociaciones que abordan el tema desde el activismo y la actualización académica. Sus aportes fueron necesarios para la construcción de un diagnóstico que incluya tanto la participación activa de la persona usuaria, como el contexto de contención y el trabajo de equipos interdisciplinarios.

Abordaje integral y respetuoso

Debe destacarse que los consumos problemáticos no siempre son adicciones, y que el mero consumo de sustancias no sirve para explicar un problema si no se atiende además el entorno y la subjetividad de cada persona. Por eso el proyecto plantea la conformación de una Autoridad de Aplicación a partir de un trabajo interdisciplinario entre las áreas de psicología, trabajo social, medicina, actividad física, terapia ocupacional y abogacía.

También solicita que se garantice la coordinación entre los ministerios de Salud, Seguridad, Educación, Justicia, Trabajo, así como con los diferentes territorios y niveles del Estado.

La ley propone, en definitiva, respetar la autonomía de las personas usuarias, garantizando sus derechos, evitando la estigmatización y la criminalización, previniendo daños asociados al consumo, promoviendo actitudes de consumos responsables y priorizando los tratamientos ambulatorios, considerando a la internación como un recurso excepcional y extremo.

También plantea la necesidad de una Educación Integral en Consumos Problemáticos, basada en evidencias y no en prejuicios, que abarque todos los niveles educativos, brindando información confiable para tomar decisiones responsables de consumo para una vida saludable.

Otros aspectos novedosos del proyecto incluyen la creación de un protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad frente a la tenencia y el consumo de sustancias prohibidas que ponga un freno a la criminalización de usuarios.

Actualmente, el proyecto de la diputada Donnet se está discutiendo en la Comisión de Salud. Allí el bloque que encabeza Miguel Lifschitz propone su Plan “Abre Vida”, que consiste en una traducción del programa de la gestión anterior.

Aquel plan lamentablemente no pone el eje en los derechos de las personas y la perspectiva de abordaje, y hace referencia por igual tanto a la avanzada Ley Nacional de Consumos Problemáticos (número 26.934) como al Decreto de Emergencia en materia de Adicciones, del gobierno de Mauricio Macri, que asocia el abordaje de las adicciones a la lucha contra el narcotráfico.

Es necesario cambiar el enfoque

El Estado sigue estigmatizando los problemas de consumo. Las instituciones de Gobierno nacionales provinciales y municipales reproducen por lo general una visión prohibicionista y abstencionista, marcada por la Ley de Drogas sancionada en 1989.

Este paradigma resulta poco eficaz en la práctica porque avala la aplicación forzosa de “tratamientos” que resultan una condena para quienes deben sobrellevarlo.

Si bien la ley de Salud Mental prohíbe desde 2010 toda terapia sin el consentimiento del paciente, muchas instituciones en Santa Fe habilitadas (y subsidiadas por el Estado) para el tratamiento de adicciones funcionan como lugares de encierro, algunos de ellos habiendo merecido denuncias por abandono, mala atención o violaciones de derechos fundamentales.

Mientras, profesionales y organizaciones que denuncian maltratos y encierro en instituciones de rehabilitación vienen solicitando una regulación que respete la integridad de las personas usuarias, y mucha juventud demanda información para tomar decisiones de consumo responsables.

Salud y  Movimiento

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