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El 41,2% de los niños vive bajo pobreza estructural en Argentina

Unos 4,7 millones de chicos están privados de algún derecho básico

La crisis que transita la Argentina golpea crudamente a los chicos menores de 17 años. El 41,2% de los niños del país vive en estado de pobreza estructural, lo que representa a unos 4,7 millones de chicos cuyos padres no tienen ingresos suficientes para vivir, están mal alimentados, duermen en casas sin agua potable o cloacas, tienen problemas para acceder a la educación y escaso nivel de atención sanitaria.

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA),en el 2017 el 37,1% de los niños en Argentina estaba alcanzado por esta pobreza estructural, en el 2018 esa cifra llegó al 41,2%.

"La pobreza de los niños debe medirse más allá de los ingresos y visualizar todas las carencias que hay en la población menor de la Argentina que se incrementaron sustancialmente en los últimos años", dijo a Infobae, Ianina Tuñón, investigadora Responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA.

Según las estimaciones del estudio, en el 2018 el 63,4% de los niños y adolescentes estaba privado de al menos un derecho y el 51,7% vivía en hogares pobres. Un 41,2% de la infancia era doblemente pobre (en el ejercicio de derecho y por pobreza monetaria). Esta doble carencia creció entre 2017 y 2018 en 4,1%.

Cuando se analiza la propensión a la pobreza multidimensional, se advierte que dentro del 63,4% de chicos que no logran ejercer plenamente al menos uno de los derechos considerados, un 18,9% no logra hacerlo en niveles "humanamente inaceptables".

En el 2017 había un 7,1% de chicos con problemas de alimentación y esta problemática se agravó ya que en 2018 se registró un 11,2% de esta privación de derechos.

En el 2017 había un 24,7% de menores de 17 años con problemas de saneamiento en sus hogares. Es decir, que no tenían cloaca o agua potable y en el 2018 este índice se redujo al 23,7%.

A la vez, la problemática de asistencia en salud bajó del 2017 (23,3%) al 22,4% en el 2018.

En la evolución 2010-2018, se advierten progresos importantes, se pasó de un 68,3% a un 63,4% de niños/as privados en el ejercicio de al menos un derecho. En el nivel de privación más severo se pasó de 30,5% a un 18,9%. Y en el último período, 2015-2018 se advierte estabilidad en la incidencia total y una leve merma en el déficit severo.

En el 2018 aun se percibe que hay 7,2 millones de niños con privaciones de derechos, lo que implica el 63,4%. Es cierto que hubo una pequeña disminución de esta variable respecto al 2017 donde había un 65,9%. Pero la gravedad de la situación de pobreza estructural en la Argentina sigue siendo muy alarmante.

Tuñon advirtió a Infobae que "disminuir la pobreza de tipo estructural requiere de transformaciones muy profundas en aspectos esenciales de la infraestructura de las viviendas y el hábitat, ello supone obras públicas a una elevada escala e inversión de las propias familias para acceder a los servicios en el interior de sus viviendas".

A su vez, la investigadora de la UCA señaló que la población de niños y adolescentes con carencias básicas en temas de saneamiento y en viviendas precarias en términos de su construcción continúa siendo elevado. El índice multidimensional que considera diferentes derechos de los niños también considera el acceso a la salud y la calidad de las ofertas educativas, dos recursos con los que los Estados tienen una responsabilidad muy significativa dada la cobertura extensa que tienen estos servicios públicos en el país. Pero también mejorar la calidad de estos servicios según estipula la ley implica de transformaciones profundas y de amplio alcance".

Las carencias de los menores de 17 años se verifican en mayor medida en aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); el 78,7% del universo de esos chicos tiene problemas de privación de derechos. Y en el conurbano bonaerense es donde más se registra esta carencia. Allí, el 74,8% de la población infantil tiene problemas de pobreza estructural mientras que en el 89,8% de las villas o asentamientos se profundiza esta grave situación de falta de alimentos, salud, higiene o atención sanitaria en los chicos.

"Las medidas especialmente orientadas a las infancias de los últimos gobiernos son las transferencias de ingresos como la AUH, que sin dudas son necesarias en el actual contexto socioeconómico, pero claramente muy insuficientes para garantizar mejoras en el espacio del hábitat, mejorar la calidad de los servicios de salud y educación, y o garantizar el acceso a tecnologías de la comunicación y acceso a la información", aclaró Tuñon.

La investigadora de la UCA señaló incluso que esa ayuda social se ha vuelto insuficiente en el último período internaual para garantizar el acceso a los alimentos. "Es tal el impacto de la inflación y recesión en los hogares más pobres del país que los recursos monetarios que logran reunir los hogares no se utilizan únicamente para acceder a los alimentos porque los hogares deben adicionalmente abonar servicios públicos, trasladarse, entre otros gastos de subistencia", dijo Tuñon ante Infobae.

Desde el punto de vista etario, los adolescentes son los más expuestos a experimentar alguna carencia en el espacio multidimensional de los derechos (73,5%, frente a 60,8% entre los de 4 a 12 y 62,2% entre los de 0 a 3 años). Los niños que viven en hogares de clima educativo bajo (padres que no completaron la escuela secundaria) tienen casi 3 veces más chances de tener al menos una privación que sus pares de hogares de clima educativo medio-alto (cuyos padres tienen nivel universitario incompleto o más).

Y los niños que viven con uno solo de sus padres están más expuestos a experimentar privaciones que aquellos que viven con ambos padres (70,9% frente a 62,3%). Un niño/a del estrato trabajador marginal tiene 4 veces más chances de tener una privación que las que experimenta un niño/a del estrato medio profesional (84,9% frente a 22%).

Otro dato relevante es que la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes sancionada en 2005 dispuso un sistema de protección de derechos, con diferentes autoridades y funciones, para asegurar su vigencia y garantía. En la cúspide de ese sistema está prevista la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, un órgano federal de protección y control, con amplias facultades para intervenir ante violaciones a los derechos de la infancia, y promover la vigencia de los derechos de la niñez; tanto ante denuncias puntuales, como ante la identificación de problemáticas estructurales.

Sin embargo, Carmen Ryan, integrante de la coalición Infancia en Deuda, advirtió que recién la semana pasada, tras 14 años de espera, la bicameral del Congreso eligió por unanimidad candidatos a ocupar la defensoría del niño, que deberán avalar los dos tercios con mayoría especial.

La titular de este nuevo organismo encargado de velar por la defensa de los niños será Marisa Graham, quien es abogada y fue titular de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. También Graham se desempeñó como asesora legislativa en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Tratados de Derechos Humanos en la Comisión Constituyente de 1994. En su cuenta de Twitter se mostró abiertamientamente afín a Cristina Kirchner y las políticas del Frente Para la Victoria.

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