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El gobierno de Neuquén deberá entregar información

La Cámara de Apelaciones en lo Civil neuquina confirmó una sentencia que obligaba al Ejecutivo provincial a informar cuánto gastó en publicidad oficial, los medios que recibieron pauta, y los criterios usados entre 2004 y 2006. Tiene un plazo de 60 días para hacerlo. El amparo había sido interpuesto por organizaciones sociales con el patrocinio de la ADC. (13 de agosto, 2007) La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Neuquén ratificó una resolución judicial que obligaba al Poder Ejecutivo de la provincia a entregar información sobre gastos de publicidad oficial que había sido requerida por distintas organizaciones sociales. La medida es consecuencia de una acción de amparo interpuesta por Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad, la Cooperativa de Trabajo (8300) y el Sindicato de Prensa de Neuquén, con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ante la falta de respuesta oficial. La resolución la emitió la Sala II, integrada por Luis Silva Zambrano y Federico Gigena Basombrío. Los jueces confirmaron una sentencia anterior de la magistrada Julia Buissón de Baggio, quien a fines de mayo último le había ordenado al gobierno que entregue la información sobre el gasto en publicidad oficial efectuado en 2004, 2005 y el primer semestre de 2006. Ahora, el gobierno neuquino tiene un plazo de 60 días para informar cuánto dinero gastó en publicidad oficial en el período mencionado, detallando además los medios de comunicación que recibieron pauta, las campañas publicitarias efectuadas y sus montos, y los criterios de asignación utilizados. En la apelación ante la Cámara Civil el gobierno argumentó, entre otros aspectos, que la vía de amparo no era idónea para acceder a la información; y que "se obvió" un informe de la Secretaría de Prensa en el que "se respondió a los amparistas" por lo que no había ningún derecho constitucional vulnerado. Sobre el primer punto, el juez Silva Zambrano, quien emitió el voto principal, sostuvo que el planteo no tuvo la "consistencia necesaria” ya que no expuso “cuáles serían las vías procedimentales alternativas administrativas o judiciales (...) eficaces para la obtención del objeto de la pretensión". Y respecto al punto restante señaló que "surge palmaria la insuficiencia del informe y, antes bien, lo que entre líneas sobrevuela en él, es un escudarse, defenderse o eludir el deber jurídico de proporcionar la información". El fallo ratifica que el acceso a la información es una “garantía imprescindible de la real concreción” de la transparencia y la “honestidad en la gestión”. "La ratificación del fallo es un antecedente invalorable para los neuquinos. Si bien no es necesaria una ley de acceso para hacer cumplir un precepto constitucional, creemos que esta definición judicial nos abre las puertas para llegar a una ley de acceso a la información en la provincia, y también de regulación de la publicidad oficial", consideró Fabián Bergero, periodista y miembro de la Cooperativa de Trabajo (8300). "El tema de fondo tiene una íntima vinculación con la libertad de expresión. Conocer los gastos de publicidad oficial es el primer paso para controlar si esos fondos son utilizados discrecionalmente para premiar a medios afines o castigar a los críticos", sostuvo Eleonora Rabinovich, coordinadora del área de Libertad de Expresión de la ADC. "Creemos además que el fallo podrá ser utilizado por periodistas, pero fundamentalmente por ciudadanos que quieren saber cómo administra el gobierno los recursos del Estado", agregó Bergero. En su sentencia, la jueza Buisson de Bagio, a cargo del Juzgado Civil Nº 4 de Neuquén, había señalado que “en sede administrativa los actores tuvieron por toda respuesta el silencio, lo que resulta irrazonable frente a la consagración de expresos derechos y principios constitucionales”. El fallo había establecido que la falta de respuesta del Poder Ejecutivo provincial vulneraba el derecho constitucional de acceso a la información pública.
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