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La trama de Vicentín en el exterior para defraudar al Banco Nación

La compañía agroexportadora preparó un entramado societario meses antes del multimillonario préstamo que se niega a pagar.

Poco antes de pedir un millonario préstamo al Banco Nación, Vicentín armó un entramado societario en Uruguay. Así, la compañía agroexportadora tomó $ 18.370 millones para exportarle a una de sus filiales para más tarde no devolverlo en lo que se supone un nuevo ejemplo de quiebra fraudulenta.

El Banco Nación, por entonces conducido por Javier González Fraga acrecentó los créditos hasta U$S 300 millones. En agosto, Vicentín renunció a abonar las cuotas y en diciembre se declaró en cesación de pagos con todos sus acreedores.

Supuestamente, el préstamo tiene como fin prefinanciar exportaciones a Vicentín SAIC Sucursal Uruguay.

Otro dato curioso es que la empresa, que data de 2004, recién fue inscripta como sociedad anónima en el Banco Central uruguayo a inicios de 2019, pocos días antes de esta operación.

La compañía creó además en Uruguay Vicentín Family Group SA el 22 de junio del 2018 y Vicentina SA exactamente una semana después.

Según consigna El Destape Web, la totalidad de las acciones de Vicentín SAIC Sucursal Uruguay le corresponden a Vicentin SAIC. Ésta, la compañía principal del grupo, es controlada en un 75% por Vicentín Family Group SA, cuyo principal dueño es Marín Colombo. El 25% restante se distribuye entre Norma Vicentín de Bosch, Marín Colombo (nuevamente) y Liliana Torossi de Goldaraz.

Al encontrarse un escalafón arriba, el holding no entró en el concurso de acreedores y, por lo tanto, salvó las tenencias de la familia santafesina en Alimentos Refrigerados SA (90%), Los Corrales de Nicanor (un feedlot), Vicentín Family Wines (una bodega) y Promiel (una productora de miel).

De la información se desprende que Uruguay se usó como refugio fiscal por décadas, con clientela como la del ex presidente Mauricio Macri.

La fundación de offshores en el vecino país para esconder la riqueza de los argentinos tuvo su auge hasta que, en 2005, el inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, les prohibió que operen en Argentina

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