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La ley de Conectividad fue aprobada en Diputados

El proyecto de ley de conectividad, impulsado por el oficialismo, apunta a mejorar el acceso a internet en todas las localidades de la provincia de Santa FE.

La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley este jueves el Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa “Santa Fe + Conectada”, conocida como ley de Conectividad. Esto permitirá poner en marcha un plan estratégico de conectividad en toda la provincia con el propósito de garantizar a la comunidad el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs).

Se estima que los beneficiarios serán aproximadamente tres millones de personas y el programa, con un plazo de ejecución de cuatro años, alcanzará a todas las ciudades y comunas santafesinas.

Para llevar a cabo el proyecto, Diputados aprobó un endeudamiento de 100 millones de dólares. La iniciativa cosechó 39 votos a favor y 11 abstenciones. No la apoyaron el bloque Evolución, que preside el radical Maximiliano Pullaro, y Amalia Granata.

El mensaje con la norma diseñada por el Poder Ejecutivo provincial que encabeza Omar Perotti -ya conocida como ley de Conectividad-, había sido enviado a la Legislatura el 29 de septiembre de 2020 y contaba hasta hoy con media sanción del Senado. El programa favorecerá la inclusión de la población santafesina en el mundo digital bajo estándares de calidad, optimización del uso del espectro radioeléctrico y capacitación e investigación en TICs.

“Santa Fe + Conectada” requiere para su implementación un monto de 124.670.000 dólares. De ese total, 100 millones (aproximadamente el 80 por ciento) serán cubiertos por el Banco de Desarrollo de América Latina, en tanto los 24.670.000 dólares restantes serán afrontados por el Estado santafesino con recursos propios. La ley que aprobó la Cámara de Diputados autoriza precisamente al Gobierno a tomar esa deuda.

El endeudamiento se realizará bajo condiciones financieras reguladas por la tasa de interés LIBOR + Margen (1.97% anual) y un plazo de amortización de 15 años, con cinco de gracia, para el pago del capital.

La ley de Conectividad tuvo “luz verde” en la Legislatura luego de una reunión que mantuvieran, un día antes de la sesión, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y el secretario de Gobierno, Oscar Urruty, con miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara: los oficialistas Leandro Busatto y Luis Rubeo; Joaquín Blanco, Esteban Lenci y Gisel Mahmud, del Frente Progresista; Ariel Bermúdez, de Creo, y Alejandro Boscarol, de Juntos por el Cambio.

La comisión comunicó al ministro los resultados surgidos de las audiencias públicas que se realizaron en el seno de la Cámara a comienzos de año a propósito del proyecto y Corach se comprometió a integrar esas sugerencias en el correspondiente decreto reglamentario de la ley.

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La brecha tecnológica

“Santa Fe + Conectada” permitirá reducir la brecha tecnológica -mostrada exponencialmente durante la pandemia-, a través del tendido de más de 4.000 kilómetros de fibra óptica, llegando así a las 365 localidades de la provincia (200 serán alcanzadas con banda ancha y 165 a través de radio enlace).

Actualmente, el 72% de las escuelas santafesinas no posee conexión a Internet para uso pedagógico, lo que representa el 54% de los alumnos de la provincia.

De esta manera, con “Santa Fe + Conectada” se ampliará y modernizará la infraestructura del sistema de conectividad para promover la inclusión digital, la transformación educativa y la reducción de brechas tecnológicas, productivas y de género con un desarrollo sustentable.

Oportunamente, la ministra de Educación, Adriana Cantero, sostuvo que extender la conectividad es “un derecho que cumpliría con una premisa de justicia social. Si bien es cierto que la educación virtual no es una modalidad -reflexionó la ministra-, es muy cierto también que se transforma en un recurso estratégico fundamental para mediar otros modos de aprender, otros modos de construir el aprendizaje y facilitar el acceso a las competencias fundamentales, con criterios de igualdad y justicia curricular”.

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