Distanciamiento 18 de junio 2020
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Los geriátricos en la mira de la Justicia por violaciones a los protocolos

Uno de los casos investgados es sobre un geriátrico de Hurlingham, dónde una residente de ese centro debió ser operada, y a su regreso del sanatorio se le dio una habitación compartida con tres personas

Una fiscalía especial investiga graves denuncias por violaciones de protocolo e impedimentos para brindar cobertura en distintos geriátricos en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y localidades de Córdoba.

La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo, avanza en varios casos relacionados con posibles violaciones a los protocolos de control establecidos para evitar la propagación del coronavirus.

También se investigan otras situaciones en las que determinados prestadores no pueden -por razones ajenas a ellos- o no estarían brindando a los afiliados la cobertura necesaria para tratar sus afecciones de salud, lo que equivaldría a desconocer la emergencia pública sanitaria establecida por Ley N° 27.541.

En cuanto a las investigaciones en trámite se cuentan la iniciada ante la situación ocurrida en el Hogar de Ancianos Residencia El Parque, de la localidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, oportunidad en la que se realizó una denuncia ante la Fiscalía Federal de esa localidad por el posible del delito de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para la propagación de una pandemia.

En este caso, los hechos consistieron en haber asignado a una beneficiaria residente en el lugar –y que se había encontrado internada en un sanatorio para practicarse una cirugía- a su regreso el día 15 de abril pasado una habitación compartida con otros tres residentes, en clara violación de los protocolos establecidos.

Finalmente, el día 24 de abril a raíz de un cuadro febril, la residente en cuestión fue trasladada a un centro sanitario, donde días después se confirmó que resultó positiva en COVID-19.

Similar situación ocurrió con un prestador de geriatría de la localidad de San Martín, donde la Unidad Fiscal PAMI se encuentra colaborando en la investigación y realizando distintas medidas con la Fiscalía Federal de Tres de Febrero, a cargo de Paulo Starc.

Asimismo, a principios de mayo se inició una investigación preliminar a partir de una publicación periodística, la cual divulgó que los responsables de la administración del consorcio de copropietarios situado en la Avenida Rivadavia 4702 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instruyeron al personal de seguridad del edificio para que prohibiera el ingreso de médicas y médicos al inmueble en el que tienen consultorio más de veinte profesionales. Entre estos, se encuentra Rubén Marcelo Solari, médico de cabecera del INSSJP con 1200 pacientes asignados.

Esta imposibilidad por parte del profesional de poder acceder al consultorio médico donde atiende a afiliados de PAMI, motivó la realización de una denuncia presentada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, por la posible comisión por parte de los responsables de la Administración del Consorcio de copropietarios del delito de amenazas dirigidas a compeler a una persona a hacer abandono de su residencia habitual o de trabajo, previsto en el artículo 149 ter apartado b) en función del art. 149 bis del Código Penal.

También resultan relevantes las colaboraciones que la UFI-PAMI se encuentra prestando con las Fiscalías Federales Nro. 1 de Morón y Hurlingham, ambas a cargo de Santiago Marquevich, donde se solicitaron sendos informes relacionados con la pandemia en cuestión y respecto de prestadores del Instituto, según informó fiscales.gob.ar.

Por otro lado, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal que encabeza Guillermo Marijuan, requirió colaboración de la UFI-PAMI por el caso de un geriátrico de la Capital Federal, también relacionado con la propagación de la enfermedad.

Asimismo, se realizan asistencias sobre medidas a tomar, como es el caso ya judicializado donde interviene la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, y respecto del Geriátrico Santa Lucía de la localidad de Saldán, departamento de Colón, Provincia de Córdoba.

En ese geriátrico de Córdoba se produjo el contagio del virus entre numerosos residentes y trabajadores.

Finalmente, la UFI-PAMI puso de resalto la cantidad de casos prestacionales –más de un centenar- recibidos durante la pandemia, sobre los cuales realiza un estricto control y seguimiento junto a las autoridades del Instituto, colaborando así con la más que vulnerable (especialmente en éstos momentos) población de adultos mayores.

Salud y  Movimiento

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