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Los ocho policías de Sunchales fueron acusados de torturas y encubrimiento

El día de hoy las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis culparon formalmente a los agentes de la Seccional Tercera de haber causado "tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad" contra dos jóvenes que se encontraban detenidos por la comisión de delitos.

Siete policías que prestaban funciones en la comisaría Tercera de la ciudad de Sunchales (departamento Castellanos) fueron imputados hoy como coautores del delito de torturas.

Además, a un octavo agente de la fuerza pública provincial se le atribuyó la autoría del delito de encubrimiento agravado, informó el Ministerio Público de la Acusación en un comunicado oficial.

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Las imputaciones fueron realizadas por las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis en ocho audiencias sucesivas llevadas a cabo esta mañana en los tribunales de la ciudad de Rafaela. La jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue Cristina Fortunato. Por su parte, el Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción Judicial, Diego Vigo, estuvo presente en las audiencias para respaldar la tarea investigativa de las fiscales.

Los imputados como coautores del delito de torturas son la subinspectora SS de 42 años; el subcomisario F.H.M. de 38 años; el oficial J.A.C. de 31 años; y cuatro suboficiales: C.A.M. de 21 años; B.E.G. de 25; M.L.O. de 30 y M.I.A. de 38. Por su parte, el encubrimiento agravado fue atribuido al comisario LMG de 36 años.

En torno a la audiencia de prisión preventiva y de acuerdo a lo decidido esta mañana, las medidas cautelares para los ocho imputados serán debatidas en una audiencia a realizarse el próximo lunes a partir de las 7:30. Las fiscales Lema y Korakis adelantaron que solicitarán la prisión preventiva de los ocho policías.

Tras la audiencia, Vigo, Korakis y Lema brindaron una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía Regional en Rafaela y sostuvieron que “la tortura es un ilícito que deslegitima al Estado”. “Es deber funcional, legal y constitucional del MPA perseguir este aberrante delito que establece penas muy graves y que merece un abordaje muy claro y muy firme en la investigación”, alegó.

El Fiscal Regional igualmente dijo estar “totalmente de acuerdo con el vecino que reclama seguridad y que no quiere que haya impunidad”, no obstante advirtió que “somos una República y no podemos permitir que cualquier circunstancia delictiva justifique que una persona salga de una comisaría en ambulancia y al borde de la muerte”.

En relación a las investigaciones en las que los jóvenes torturados son imputados por la autoría de distintos delitos, Vigo aclaró que “son investigaciones que siguen su curso y que, de ninguna manera, se excluyen con esta de lo que ocurrió en la sede de la comisaría. Es decir, tenemos dos investigaciones paralelas en las que los fiscales siguen trabajando”.

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