Distanciamiento 18 de junio 2020
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Santa Fe: Diputados debate un proyecto de ley de adicciones

La Cámara de Diputados de Santa Fe se encuentra debatiendo en comisiones. El proyecto propone un acompañamiento que respete la voluntad del usuario.

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe se encuentra debatiendo en comisiones un proyecto de ley de adicciones que busca regular el abordaje de los consumos problemáticos de drogas. Dicho abordaje se haría con una perspectiva integral y de derechos humanos.

El proyecto elaborado por la diputada Agustina Donnet, del bloque Igualdad, propone un trabajo enfocado desde la perspectiva de reducción de daños, es decir, desde un acompañamiento que respete la voluntad del usuario.

“Si bien la ley de Salud Mental prohíbe desde 2010 toda terapia sin el consentimiento del paciente, muchas instituciones en Santa Fe habilitadas (y subsidiadas por el Estado) para el tratamiento de adicciones funcionan como lugares de encierro, algunos de ellos habiendo merecido denuncias por abandono, mala atención o violaciones de derechos fundamentales”, agrega el texto.

El proyecto fue trabajado en conjunto con las asociaciones que abordan el tema desde el activismo y la actualización académica.

“Dicho abordaje contempla que los consumos problemáticos no siempre son adicciones, y que el mero consumo de sustancias no sirve para explicar un problema de adicción si no se atiende además el entorno y la subjetividad de cada persona”, resalta el proyecto de ley.

“Se plantea la conformación de una Autoridad de Aplicación que pueda realizar un trabajo interdisciplinario entre las áreas de psicología, trabajo social, medicina, actividad física, terapia ocupacional y abogacía. También solicita que se garantice la coordinación entre los ministerios de Salud, Seguridad, Educación, Justicia, Trabajo, así como con los diferentes territorios y niveles del Estado”.

La perspectiva de Reducción de Daños se trata de una estrategia sanitaria para ampliar la cobertura de forma integral y basada en derechos humanos.

En este sentido, la norma “debe respetar la autonomía de las personas usuarias garantizando sus derechos, evitando la estigmatización y la criminalización, previniendo daños asociados al consumo, promoviendo actitudes de consumo responsables, y priorizando los tratamientos ambulatorios, incorporando vínculos personales de confianza y al medio donde se desarrolla la persona, considerando la internación como un recurso excepcional y extremo”.

El proyecto también incluye la creación de un protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad frente a la tenencia y consumo de sustancias prohibidas que ponga un freno a la criminalización de usuarios; un servicio de análisis de sustancias -legales o ilegales- a los fines de garantizar el derecho a la información, y la asistencia sanitaria e informativa en fiestas y eventos masivos, acorde a la perspectiva de reducción de daños.

Salud y  Movimiento

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