Distanciamiento 18 de junio 2020
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Según La Corte Suprema la Justicia provincial puede investigar casos de lavado

Por unanimidad, el máximo tribunal provincial avaló el criterio de fiscales del Ministerio Público de la Acusación, que dicen que demostrar cómo adquieren bienes las bandas criminales es fundamental para avanzar contra los casos de violencia

La Corte Suprema de Santa Fe resolvió que la Justicia provincial es competente para intervenir en delitos de lavado de activos. Lo que hizo el máximo tribunal provincial fue rechazar el recurso de inconstitucionalidad que presentaron las defensas de acusados en el caso conocido como megacausa de fraude inmobiliario generada en Rosario en 2017 donde señalaban que el ámbito para tramitar delitos de blanqueo de dinero o bienes es la Justicia Federal.

De la decisión, que la Corte Suprema provincial adoptó por unanimidad, se desprende que no hay impedimento legal para que intervengan jueces de la provincia en trámites de lavado. Lo que convalida los últimos pronunciamientos de las instancias inferiores de la Justicia santafesina, entre ellos dos recientes de la Cámara Penal de Rosario.

Esto significa un espaldarazo para fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en especial de Rosario, que reclamaban como principio trascendente de la persecución del delito violento la potestad de avanzar ellos en investigaciones de lavado. La idea rectora es apuntar a los bienes que atesoran las organizaciones criminales, las que obtienen sus beneficios económicos a través de acciones violentas, que impactan fundamentalmente en los territorios locales.

La idea que moviliza a algunos fiscales del MPA es que poniendo la mira en los bienes que generan las bandas, con la finalidad de desapoderarlos de ellos, la violencia que producen estos grupos pierde sentido, por lo que el camino para desalentar las acciones cruentas como homicidios, usurpaciones, balaceras o robos violentos es investigando casos de lavado enteramente dentro de la provincia.

Lo que dice la Corte provincial en la sección medular del fallo es que efectivamente ese principio está en juego en el análisis de la competencia de este tipo de delitos. "Lo dirimente para determinar la competencia será la naturaleza de los intereses en juego", dice el máximo tribunal, y en el caso considerado, los defensores de los acusados "no logran demostrar que el lavado de activos endilgado a los justiciables no sea consecuencia de delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la provincia de Santa Fe".

En la megacausa de fraude inmobiliario los fiscales señalaron que los acusados se apoderaban de inmuebles, a través de maniobras convalidadas por escribanos, en una acción que incluía el lavado de dinero. El camarista Daniel Acosta convalidó esta tesitura que fue replicada por las defensas. La Corte Suprema respaldó al camarista. Y por añadidura a otros pronunciamientos similares recientes de otras causas en Rosario, en fallos de los camaristas Bibiana Alonso y Alfredo Ivaldi.

La resolución de la Corte Suprema lleva la firma de Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Mario Netri.

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