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Usurpación de terrenos y protestas en el norte de la ciudad

Se trata de las parcelas están ubicadas entre Facundo Zuviría (atrás del CIC), Azcuénaga, 9 de Julio y Matheu. Desde la Municipalidad confirmaron que son 116 familias

El jueves por la noche se instalaron las primeras familias. Luego fueron llegando más personas y este lunes ya hay 116 familias en los terrenos fiscales nacionales que están delimitados por las calles Facundo Zuviría (atrás del CIC), Azcuénaga, 9 de Julio y Matheu.

Este lunes, a media mañana, vecinos del barrio y feriantes del trueque que se realiza en estos terrenos, protestaron con quema de cubiertas y corte de tránsito, por la usurpación que se consolidó durante el fin de semana.

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La protesta de los vecinos
La protesta de los vecinos

Mientras varios funcionarios esperaban la acción de la Justicia Federal, el fiscal Walter Rodríguez, deslindó responsabilidades al marcar las diferencias entre las tareas de prevención de un delito - que corresponden al Poder Ejecutivo- y las de investigación del mismo una vez ya consumado, que sí le corresponden a la Justicia.

El secretario de Integración y Economía Social municipal, Mariano Granato, dijo en UNO en la Radio que los terrenos son tres manzanas que corresponden a Vialidad Nacional y que "la Municipalidad no tiene poder de policía, ni tiene capacidad de determinar si se comete un delito o no". Por lo tanto, el municipio hizo las presentaciones correspondientes ante los distintos niveles de la justicia, tanto provincial como federal, "para que ordene la cuestión jurídica de esa ocupación".

Por otra parte, Granato dijo que desde la Municipalidad se reunieron con los puesteros del trueque para "llevarles tranquilidad" y que la política municipal "es mejorar las condiciones de trabajo" que tienen. Además, se comprometió a que la Municipalidad va a garantizar el espacio de comercialización que tienen los viernes y domingos en ese lugar.

Eso fue lo primero que se acordó en una reunión que se realizó este lunes por la tarde y que fue convocada por el intendente Emilio Jatón y de la que participaron el fiscal regional, Carlos Arietti, la policía, los ministerios de Seguridad, Infraestructura y Hábitat y el de Desarrollo Social de la provincia para atender la problemática.

"Eso es lo urgente", dijo Granato, que aseguró que desde este martes por la mañana se va a atender "la cuestión social siempre y cuando no haya una orden judicial de desalojo, que eso irá por otro carril".

Si la Justicia ordena un desalojo vamos a estar ahí para que eso sea de la mejor manera posible.

El funcionario confirmó que a partir del relevamiento que hizo el Municipio esta mañana se detectó que en el lugar hay 116 familias ocupando los terrenos y que esas personas tienen problemas que se van a ir atendiendo, pero que "el fiscal federal y el juez son quienes van a determinar si ocupar un terreno fiscal es delito o no".

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