Distanciamiento 18 de junio 2020
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Vicentin: el juez analiza el Plan Perotti

Aunque ratificó el rechazo a la intervención de la empresa Vicentín, abrió un expediente paralelo para analizar el plan del gobernador de Santa Fe

El juez civil y comercial de la localidad de Reconquista, Fabián Lorenzini, resolvió abrir un "incidente" con la solicitud de intervención de la empresa Vicentin presentada por la provincia de Santa Fe, que tramitará en forma “autónoma” al proceso concursal. De este modo, rechazó el planteo suspensivo de la resolución del viernes, mediante la cual se reintegró al directorio al frente de la administración de la empresa, algo que había sido solicitado por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) provincial.

Desde el Gobierno de Santa Fe, afirman que la decisión implica que, mientras analiza la presentación realizada por la provincia, continuará vigente la resolución del viernes que reincorporó al directorio.

“Nosotros habíamos pedido que se suspendan los efectos de la resolución (que reintegró la administración a los directores de la sociedad) hasta que resuelva la presentación que hicimos para intervenir la empresa”, explicó una fuente oficial. La apertura de un "incidente", lo que resolvió Lorenzini, representa la apertura de un expediente paralelo dentro del concurso de acreedores que se tramita ante ese juzgado.

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El viernes, la titular de la IGPJ, María Victoria Stratta, pidió al juez que desplace al directorio de Vicentin SAIC de la administración de la empresa para reemplazarlo por un órgano colegiado compuesto de tres interventores. A tal efecto, propuso a Gabriel Delgado como presidente, Luciano Zarich como vice, a quienes suma como vocal al santafesino Alejandro Alberto Bento.

En sus considerandos, señaló que “la intervención busca otorgar continuidad y transparencia al manejo societario, contribuyendo desde el Estado a la conservación de la empresa, situación que recién se consolidaría con la finalización del concurso preventivo”.

Además, mencionó que “el interés público” en el que se fundamenta el pedido de intervención “está presente de modo evidente y con múltiples manifestaciones: aspectos societarios propiamente dichos pero también productivos, laborales, sociales, demográficos y ambientales”.

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